Iniciativa para fortalecer el desarrollo forestal sustentable y mitigar el cambio climático en México - Benitez Molina, Gaudencio (Quivera Revista de Estudios Territoriales; Vol. 24 Núm. 2 (2022): Quivera Revista de Estudios TerritorialesDO - 10.36677/qret.v24i2.19556, 2022)
El marco normativo que señala la competencia de los Gobiernos de los Estados y su participación en la temática ambiental, se encuentran en los Artículos 26, 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que en su Artículo 11, establece que corresponde a los Estados coordinar programas y promover incentivos para el desarrollo forestal, de conformidad con la política nacional. A un cuando los Estados cuentan con estas atribuciones, su papel es limitado por la falta de políticas y programas que coadyuven al desarrollo forestal, bienestar de los dueños y poseedores de los recursos forestales. Además es necesario contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular los objetivos 13. Acción por el Clima y 15. Vida de Ecosistemas Terrestres, disminuyendo la huella de carbono e incentivando a los dueños y poseedores de los recursos forestales, mejorando las condiciones de vida de la población que vive y depende de estas áreas mediante el aprovechamiento sustentable de los bosques. Con base en el análisis de las políticas públicas  en el Sector Forestal de México por Entidad Federativa, elaborado por Benítez y Ortiz, 2021, cinco Entidades cuentan con Organismos Públicos Descentralizados encargados de coordinar el desarrollo del sector; solo el Estado de México, cuenta con un Organismo Público (PROBOSQUE) con estructura territorial operativa y administrativa, programas con incentivos para fortalecer el desarrollo forestal sustentable, creado en 1990, y sectorizado en 2020 a la Secretaría del Campo. La iniciativa que se plantea, tiene como propósito que las Entidades cuenten con Organismos Públicos que coordinen la política forestal; promuevan programas sociales con incentivos económicos según sean las características y potencial forestal de los Estados a través de la asignación de recursos, para el diseño de programas que fomenten el desarrollo forestal, la generación de empleos y bienestar de los dueños y poseedores de los recursos forestales y al desarrollo económico de México.